En esos países, la ley obliga a que en sus declaraciones patrimoniales todos los funcionarios hagan público el monto de sus bienes y los de su familia.
Por Tomado Vía Internet / Proceso
MÉXICO, D.F., 9 de junio (Proceso).- Para la Secretaría de la Función Pública (SFP), las declaraciones patrimoniales completas del presidente Felipe Calderón son “confidenciales”, y por ello en el sitio electrónico de Declaranet no aparecen los préstamos bancarios que el mandatario obtuvo en los últimos tres años e invirtió en la compra de una casa y varios terrenos que puso a nombre de su esposa, Margarita Zavala.
En su edición 1741, correspondiente al 14 de marzo, Proceso publicó una investigación sobre las omisiones relativas a esos predios –una residencia de 234 metros cuadrados y un terreno–, que se encuentran junto a la residencia que el matrimonio presidencial posee en la Ciudad de México.
Entrevistado entonces sobre esas “inconsistencias”, el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, declaró que el presidente Calderón sí entregó su declaración completa, pero que él decidió eliminar de Declaranet la información relativa a dichas propiedades con el fin de “proteger los datos personales” del mandatario, por lo que asumía la responsabilidad de ese acto.
Dos días después de la entrevista, Proceso envió un paquete de tres solicitudes de acceso a la información a la secretaría que encabeza Vega Casillas y a Los Pinos. En ellas reitera su petición de tener acceso a las declaraciones patrimoniales completas de Calderón, así como a las normas que permiten al gobierno eliminar las propiedades a nombre de Margarita Zavala.
La SFP respondió que la declaración de los bienes públicos de Calderón no es extensiva a su esposa, hijos o dependientes económicos. Estos datos sobre la familia sólo guardan una “relación tangencial” con el mandatario, según la dependencia.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, “tangencial” significa que algo –en este caso las propiedades de Zavala– sólo puede relacionarse de forma lateral o no significativa con el tema que se trata, en este caso la declaración patrimonial del presidente.
La SFP argumentó también que si se abrieran las declaraciones de bienes del presidente completas se invadiría la privacidad de su familia, ya que quedarían al descubierto algunos datos personales, como direcciones de residencias, los registros federales de contribuyentes o los números de cuentas bancarias.
Pese a la información sesgada o incompleta en torno a las propiedades puestas a nombre de Margarita Zavala, Proceso obtuvo información sobre un préstamo por 3 millones 800 mil pesos que Scotiabank le concedió a Calderón el 6 de junio de 2008. Con ese dinero pudo comprar la casa número 9 de la privada de Cóndor 223. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad (RPP), la vivienda fue registrada a nombre de su esposa, pero ese inmueble no aparece en el sistema Declaranet.
Y pese a que la Presidencia aún no responde a la solicitud hecha por este semanario, la SFP ya subió al sitio electrónico oficial la relación de bienes del mandatario correspondiente a 2009. En esa información se menciona que obtuvo un nuevo crédito bancario por 1 millón 900 mil pesos, aunque no se explica en que utilizó ese dinero.
Además, por vez primera se incluyen detalles como la inversión de 18 mil 240 pesos en la compra de relojes y de 6 mil 500 pesos más en plumas.
Ante la negativa de la SFP, Proceso solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) analizar la situación y que explique los criterios legales utilizados para suprimir del portal oficial la información alusiva a las propiedades mencionadas. Los dos recursos de revisión serán analizados por separado: uno lo estudiará la comisionada presidenta Jacqueline Peschard, el otro la comisionada María Elena Pérez-Jaén. Los fallos pueden demorar al menos 50 días hábiles.
Información sesgada
Los candados que ponen las dependencias a las declaraciones patrimoniales del presidente Felipe Calderón empañan la política de transparencia y están lejos de las que se aplican en Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En esas dos naciones las declaraciones patrimoniales, los reportes de ingresos y de pago de impuestos son de carácter público. La ley obliga a que también se incluyan los bienes de las consortes de los funcionarios, independientemente de su jerarquía.
El 18 de mayo último, por ejemplo, la Casa Blanca difundió la información financiera anual del presidente Barack Obama. En la primera de las 65 páginas del archivo se incluyen, entre otros datos, los nombres de la esposa del mandatario, Michelle Obama, y los de sus hijas Malia y Natasha.
También se menciona que sus libros Los sueños de mi padre y La audacia de la esperanza le retribuyeron a Obama ingresos de por lo menos 1 millón de dólares anuales. Además, según el reporte, los 1.4 millones de dólares del Premio Nobel de la Paz concedido al mandatario estadunidense en 2009 fueron donados a casas y organizaciones de beneficencia para que apoyen a estudiantes de bajos recursos económicos.
La información de la Casa Blanca incluye detalles como el del perro de aguas portugués llamado Bo, que el fallecido senador Edward Kennedy regaló a la familia de Obama, y está valuado en mil 600 dólares; o que el mandatario recibió cientos de miles de dólares por la venta de papeles bursátiles correspondientes a dos herencias que recibió de su abuela, Madelyn Dunham, fallecida en los últimos días de su campaña presidencial.
En países como Chile y Brasil las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos también son públicas. Quien desee conocerlas no necesita realizar ningún trámite.
De acuerdo con el Índice sobre la Percepción de la Corrupción 2009, elaborado por Transparencia Internacional, los chilenos obtuvieron una calificación de 6.7 puntos, más del doble de lo alcanzado por México, que apenas llegó a 3.3. De hecho, los gobiernos panistas nunca han obtenido una calificación aprobatoria en una escala de 0 a 10.
Ernesto Villanueva, autor del libro Transparencia y declaración patrimonial de los servidores públicos. Alcances y límites del derecho a saber, señala que la publicidad de los bienes e inversiones permite a la sociedad contar con elementos de juicio mucho más completos y certeros sobre la actuación honesta de sus funcionarios.
El estudio, que incluyó alrededor de 40 países, concluye que en 44% de los casos analizados no es necesario que el servidor público dé su consentimiento por escrito para transparentar la relación de bienes. En este grupo Villanueva menciona a Albania, Argentina, Austria, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Croacia, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Letonia, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Tanzania.
En 38% de los casos está en manos de los funcionarios decidir si acepta o no transparentar su lista de propiedades. En este bloque están México, Armenia, Colombia, Ecuador, Grecia, Guyana, Haití, Honduras, Irlanda, Jamaica, Moldavia, Panamá, Paraguay, Venezuela y Uruguay. Y en el restante 18%, comenta el autor, no es posible abrir las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
Transparencia limitada
Pese a sus limitaciones, el modelo elegido por México en materia de transparencia tiene sus ventajas. Una de ellas es que, en los últimos años, el presidente Calderón transparentó la lista de algunas de sus propiedades e inversiones, mientras que sus colaboradores, aun los más cercanos, se niegan a imitarlo.
Proceso escogió al azar 36 casos entre secretarios de Estado, miembros del gabinete calderonista, directores de organismos autónomos, exmiembros del gabinete y funcionarios de Los Pinos para analizar sus decisiones respecto de la apertura de sus declaraciones patrimoniales.
Los resultados arrojan que 77% de los consultados cumplieron con su obligación de presentar su declaración patrimonial, aunque optaron por mantener lejos del escrutinio ciudadano y de los medios de comunicación su lista de bienes inmuebles, ingresos y cuentas bancarias.
En contraste, 22% aceptaron que la SFP difundiera cuántas propiedades tienen, así como los montos de sus cuentas bancarias con la condición de que se eliminen los bienes puestos a nombre de sus consortes e hijos.
En el grupo que se niega a transparentar su declaración patrimonial se encuentran nueve de los amigos cercanos a Calderón, quienes lo acompañan desde su precampaña, la mayoría incluso forman parte de su gabinete: Ernesto Cordero, secretario de Hacienda; Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación; Gerardo Ruiz, secretario de Economía; Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y Javier Lozano, secretario del Trabajo.
En el caso de Molinar Horcasitas, no existen registros de sus declaraciones patrimoniales desde 2002. Y aun cuando fue director del IMSS, no aparecen sus declaraciones de inicio ni de conclusión en ese cargo. Tampoco reportó su declaración inicial como responsable de su función actual, como marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En una situación similar se encuentran: Patricia Flores, jefa de la oficina de la Presidencia de la República; Maximiliano Cortázar, coordinador de Comunicación Social; Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón, y Atiza Aguilar, secretaria particular adjunta del mandatario.
Bravo Mena, uno de los hombres más cercanos a Calderón, nunca ha aceptado hacer públicas sus declaraciones patrimoniales. No lo hizo cuando fue embajador de México ante el Vaticano ni ahora que despacha en Los Pinos.
En el mismo tenor se maneja Atiza Aguilar, la discreta consejera de Calderón. Egresada de la carrera de ciencias de la comunicación de la Universidad Intercontinental, ella comenzó su carrera profesional en el consulado de México en Pensilvania, donde estuvo durante 2002-2003. Luego ocupó la Dirección de Comunicación del PAN entre 2003-2004 y de ahí pasó a la Secretaría Técnica en la Secretaría de Energía (Sener), para trasladarse después a Los Pinos.
Otro intento fallido de Calderón para congraciarse con sus representados es la disminución de los salarios, los recortes al gasto corriente de sus colaboradores y los ajustes a los fondos destinados a los viajes oficiales. Pero en esta ruta de austeridad no todos marchan al mismo ritmo.
Entre quienes se resisten a transparentar su declaración patrimonial están el secretario de Educación y otrora presidente del IFAI, Alonso Lujambio; el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens; el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza; la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el secretario de la Marina, Francisco Saynez.
Un caso singular es el del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, quien tiene un gusto particular por los autos y no rehuye presentar su declaración patrimonial, en la que consta que ha manejado un Ford Focus, una camioneta Ford Escape, un Toyota Sedan y un Smart convertible.
Además de él, lo han hecho el titular de la SFP, Salvador Vega Casillas; el exdirector del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares; la coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, Alejandra Sota, y el otrora secretario particular del presidente y actual dirigente nacional del PAN, César Nava.
Vega Casillas ha hecho pública su declaración patrimonial desde que llegó a la SFP. En ella ha informado con detalle sobre las altas y bajas de sus terrenos y propiedades. Pero antes de llegar a su encomienda actual se negaba a transparentar la relación de sus bienes. Durante el sexenio foxista, cuando se desempeñó como gerente de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, se negó a hacer pública su declaración patrimonial; lo mismo hizo cuando se incorporó al equipo de transición presidencial calderonista.
En su declaración presentada en 2008, Vega Casillas, quien ha sido diputado en Michoacán y también ha ocupado una banca en el recinto de San Lázaro, incluyó un departamento de 328 metros cuadrados que, dijo, fue comprado mediante un crédito. Actualmente cuenta con un auto GMC Acadia, cuyo valor es de 488 mil 30 pesos, y que, expuso, fue pagado de contado. Sin embargo, los bienes a nombre de su esposa fueron omitidos por él.
Por: Daniel Lizárraga
Este texto se publicó en la edición 1753 de la revista Proceso, ya en
circulación.
