Semanario Digital El Jornalero

De una anunciada inversión de mil 255 millones de pesos para sacar a aquella región de la pobreza y acercar a sus pobladores hacia el desarrollo y una vida digna, la administración de José Guadalupe Osuna Millán sólo ha ejercido 172 millones en tres años. La solución para los jornaleros agrícolas del sur de Ensenada es cada vez más terrible. Los azotan las condiciones climáticas, la explotación de los patrones y el olvido de los gobernantes........

Francisco Sandoval Alarcón

Miseria, hacinamiento, explotación y paupérrimas condiciones laborales, integran el contexto en el que se desenvuelven los jornaleros del Valle de San Quintín, la segunda zona agrícola más productiva de Baja California.

Aquí las carencias están a flor de piel y calan hasta los huesos.

Familias de hasta doce integrantes viven en cuartos de doce metros cuadrados construidos de lámina, madera y cartón, mientras que los propietarios de las compañías agrícolas donde laboran, aparecen en la lista de los hombres más ricos del planeta. Es el caso de Alfonso Romo Garza, quien hasta hace algunos años era dueño de la mayor productora de frutas y hortalizas del mundo, “Seminis”, hoy “Monsanto”, instalada en San Quintín, empresa que sigue operando bajo la tutela de patrones estadounidenses.

Cuando el Empresario regio y actual Consejero independiente de Cementos Mexicanos (CEMEX), era dueño de la compañía agrícola estuvo incluido en la lista de la revista Forbes, con una fortuna personal valuada en 2 mil 200 millones de dólares, mientras miles de trabajadores agrícolas de San Quintín y sus familias vivían con menos de dos salarios mínimos al día.

Actualmente la región de San Quintín cuenta con una población flotante de 60 mil personas, de las cuales cerca del 80 por ciento son indígenas provenientes del sur de México que a pesar de buscar una mejor calidad de vida, sólo encuentran marginación y en algunos casos muerte. Así ocurrió a un grupo de jornaleros mixtecos el 2 de enero cuando se volcaron en La Rumorosa camino a trabajar del sur de Ensenada a los campos agrícolas de Sinaloa. El saldo: 22 heridos y 14 muertos, entre ellos dos niños y un bebé.

Como si el escenario de explotación por parte de las compañías privadas no fuera suficiente, los jornaleros de San Quintín se enfrentan al olvido gubernamental. Ejemplo de ello la ayuda que no les ha llegado luego que fueron víctimas de las lluvias que azotaron la región en enero de 2010. Cientos de familias quedaron damnificadas y el Gobierno no les ha garantizado una vivienda digna. Mucho menos ha pugnado por un salario decoroso que los ayude a salir de la miseria.

Prometer no empobrece

Los jornaleros escuchan promesas pero no ven el cumplimiento. En el Programa de Desarrollo para la Región de San Quintín 2008-2013 que hace un par de años presentó el gobernador  José Guadalupe Osuna, reconoció la marginación en la que viven y se comprometió a realizar una serie de acciones que hasta el momento según pudo corroborar ZETA, no se han desarrollado.

Al inicio del documento, el gobernador reconoció que desde 1987 se han elaborado nueve programas del Gobierno Estatal para su implementación en San Quintín, pero en siete no existía una estructura en los proyectos aun cuando existían estrategias, acciones y responsabilidades.

Osuna Millán se comprometió a poner en marcha un proyecto que les permitiera erradicar las “disparidades” que existen en esa zona rural y convertirla a San Quintín en una “ciudad del futuro”. Pero no lo ha hecho, aun cuando advirtió los problemas que aquejan a los habitantes de esa región: desigualdad social y falta de oportunidades hacía los indígenas; Atención insuficiente de servicios de salud; Escasa cobertura educativa y deportiva; Carencia de áreas de desarrollo cultural; Falta de agua; Ausencia de una agenda política que propicie el desarrollo; Aumento de la delincuencia y la drogadicción, así como el desempleo en las principales comunidades agrícolas.

Para atacar esa situación, Osuna anunció una inversión de mil 255 millones de pesos para la construcción de escuelas, clínicas, carreteras, centros deportivos, alcantarillado, alumbrado público, infraestructura para la obtención de agua y la implementación de programas sociales para abatir la pobreza, acciones que según funcionarios y defensores de los derechos humanos consultados por ZETA no se han implementado a más de año y medio de haber presentado el programa.

Entras las obras de infraestructura que promete desarrollar el Gobernador, se encuentran la construcción un consultorio médico y la instalación de juegos infantiles en el Rancho El Vergel, lo que a decir del coordinador del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos (OCDH), Francisco Sánchez Corona, podría tratarse de una “simulación”.

Explicó que desde la pasada administración existe un área de juegos infantiles en esa zona, además que ya venía operando una clínica del sector salud “que sólo le da servicios a los trabajadores de El Vergel”, rancho perteneciente al secretario de Fomento Agropecuario en el Estado, Antonio Rodríguez.

“Haz de cuenta que (Rodríguez) tiene su clínica particular”, expuso.

Otra obra que según el Activista podría ser simulada, es la construcción de una planta desaladora en otro de los ranchos del Secretario de Fomento Agropecuario que se ubica en Los Pinos. “Ahí ya opera una planta desaladora y lo que sabe la gente es que fue construida con dinero público y en el informe viene señalado como si apenas se fuera a construir”.

No son los únicos trabajos que anuncia Osuna Millán para abastecer de agua potable a los pobladores del Valle de San Quintín. En su Programa anunció la inversión de 488.7 millones de pesos para ese rubro y hasta el momento no hay fecha para poner en marcha las obras.

Entrevistado por ZETA, el director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), José Flores, reconoció que apenas se están haciendo los estudios para conocer las zonas idóneas donde se podrían desarrollar dos desaladoras prometidas por el Gobernador, quien en su Programa aborda la necesidad de construir una de estas plantas en Ejido Padre Kino en Poblado de Camalú-Los Pinos.

Otra necesidad que tienen los pobladores del Valle de San Quintín es una clínica de segundo y tercer nivel que a pesar de estar señalada en el Programa no ha sido construida. Los pacientes que requieren de una operación y no tienen seguro social tienen que acudir a Ensenada para atenderse. Pero en San Quintín cerca del 50 por ciento de los trabajadores y sus familias no están asegurados, lo que se ha venido agravando en los últimos cinco años. En algunos casos los patrones sólo les entregan un seguro temporal de uno o dos días y cuando se llegan a enfermar tienen que solicitar permiso, pero si el administrador está de malas no les entrega el pase, denunció Sánchez Corona.

Otro problema que se aborda en el programa de Osuna y frente al cual según Sánchez Corona “no se ha hecho nada”, es el relacionado con el tema de las adicciones. “Es algo preocupante y debería ser preocupante para la autoridad por los altos niveles que se registran. El nivel de inversiones para combatir ese tema es mínima, porque no veo en dónde esté la inversión para tratar a los adictos y corregir el problema”.

Manuel Aguilar, secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, expuso que de los mil 255 millones de pesos que el Gobernador planea destinar a San Quintín, se han ejercido 172 millones en los siguientes rubros: Agua y alcantarillado; Servicios comunitarios por parte de Secretaría de Desarrollo Social; Infraestructura en Educación básica y media superior e Infraestructura Deportiva.

Pero evidentemente no ha sido suficiente.

La migración de los mixtecos

Hace cinco años, Fausta Díaz, de 49 años de edad, y su esposo Joel, indígenas mixtecos de Guerrero, emigraron con sus cinco hijos al Valle de San Quintín. Buscaban empleo y mejor calidad de vida. Se establecieron en la colonia Candelaria, en la delegación Camalú, una de las más afectadas por las lluvias que azotaron la región hace unas semanas.

A la fecha las calles de la zona siguen inundadas, lo que dificulta el acceso de los automóviles. “Allá (en Guerrero) no hay trabajo, sólo hay en junio o julio, que es temporada de lluvias. Por eso nos vinimos para acá. Nos gustó y nos quedamos aquí”, indica la mujer mientras lava y cuelga ropa en un improvisado tendedero de su modesta vivienda construida a base de madera, lámina y cartón.

En su pueblo, Joel sembraba sus parcelas, pero con el paso del tiempo y la deteriorada economía mexicana, cada vez fue más difícil sostener a su esposa e hijos. Un día se topó con un mayordomo que le ofreció trabajo por contrato en los campos agrícolas de Ensenada. Tomó el autobús y se vino.

Según la Doctora en Sociología del Colegio de México, María Eugenia Anguiano, quien realizó un estudio titulado: “La Migración de Indígenas Mixtecos”, las regiones donde viven estas comunidades son de las más pobres del país y presentan las tasas más altas de emigración. 

“Son pueblos carentes de agua potable, servicios básicos, escuelas y caminos. Los predios menores de dos hectáreas de tierra empobrecidas y erosionadas con que cuentan las familias mixtecas no les proporcionan recursos para vivir ni aun el nivel mínimo de subsistencia. En estas condiciones, los mixtecos se han visto obligados a salir de sus comunidades”, señaló en una de sus conclusiones la también investigadora del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Con apenas 1.55 metros de estatura, Fausta trabaja en la pisca de tomate. 

La faena es dura y gana 110 pesos diarios por cortar alrededor de una tonelada y media de jitomate y cargar una cubeta de 15 kilogramos hasta el remolque. Repite la operación cerca de 100 veces. “Ahora no estoy trabajando porque estoy un poco enferma, pero para la próxima semana voy a regresar. La situación está muy dura”, reflexiona la señora.

Luego que las lluvias de enero inundaran su casa, Fausta y su familia rentaron un cuarto a un amigo en la colonia Monte Albán. También vieron afectados sus bolsillos, pues a consecuencia de las precipitaciones no hubo trabajo en los campos agrícolas, y la anunciada ayuda que hicieron diputados y autoridades no llegó. “A mi hijo y su esposa, que viven en la colonia Tierra y Libertad, les dieron una lona, una cobija y nada más. Pero a nosotros no nos tocó nada. Quién sabe cuándo nos va a tocar”.

Aun cuando Camalú es una de las delegaciones con mayor producción agrícola y por consecuencia una de las principales consumidoras de agua, en la Candelaria hay carencia del vital líquido; los trabajadores indígenas pagan pipas para que les brinden el servicio.

Según el Programa de Desarrollo para la Región de San Quintín 2008-2009, presentado por el gobernador José Guadalupe Osuna, el 83 por ciento de los residentes de la zona se abastecen de agua potable, de los cuales el 52.77 por ciento la obtienen fuera de la vivienda; 38.90 por ciento dentro de la vivienda; 5.35 por ciento de la llave pública y 2.18 por ciento de pipas. Lo anterior significa que más del 50 por ciento de la población de este Valle Agrícola no cuenta con el servicio.

Acaparan despensas

Indígena totonaca de Poza Rica, Veracruz, Andrés Rivero, de 58 años de edad, fue otro de los pobladores de la Candelaria afectado por las lluvias que en el Valle de San Quintín dejaron a más de mil 500 personas afectadas.

Hace 22 años Andrés fue contratado para laborar en los campos agrícolas de tomate y hortalizas. El empleo seguro y el buen clima de la zona fueron los principales atractivos para que decidiera establecerse en Camalú. Sin embargo, a los seis años de haber llegado optó por abandonar los campos agrícolas y dedicarse a la albañilería y la pintura de exteriores. Lo hizo por una sencilla razón. “Me hicieron daño los pesticidas que se utilizaban”.

En aquel tiempo recordó que era uno de los encargados de preparar los químicos, pero lo hacía sin ningún tipo de protección. “Estuve internado por varios días y los doctores me dijeron que me había intoxicado. Después de eso fue que tomé la decisión de renunciar a mi trabajo. No quería arriesgarme a intoxicarme de nueva cuenta, así que me fui sin avisarle a nadie. Ni a los patrones”.

A diferencia de otros trabajadores agrícolas, Andrés corrió con suerte al ser atendido oportunamente. Las cifras oficiales del Gobierno del Estado y de la Universidad Autónoma de Baja California, revelan que el 46.8 por ciento de la población en San Quintín no cuentan con servicios de salud.

Aun cuando el indígena totonaca optó por dedicarse a otro oficio, la situación de pobreza y hacinamiento en la que vive es similar a la de muchos trabajadores agrícolas de la zona. Andrés y su esposa, así como sus cinco hijos y nietos viven  en un cuartito de 12 metros cuadrados construido de madera y lámina.

El único patrimonio con el que cuentan, son dos viejas camionetas que Andrés usa para cargar el material de sus trabajos de albañilería y pintura.

El tercer día de lluvia ninguna autoridad les advirtió que se encontraban en riesgo, aun cuando los dos arroyos que se localizan en los costados de la colonia se desbordaron. “Un vecino fue el que nos dijo que mejor abandonáramos la casa. Nos comentó que en la colonia Cantarranas el agua le llegaba a la cintura a la gente y que seguramente eso iba a suceder aquí, por eso nos fuimos al albergue instalado en el salón social”; donde estuvieron por espacio de cuatro días.

Al quinto día regresaron. Lo hicieron porque las lluvias pararon y se enteraron que a algunos de sus vecinos les estaban robando las pocas pertenencias que les quedaban. 

 “Afortunadamente a nosotros no nos pasó nada, pero supimos que se robaron minas de gas, estufas y estéreos, por lo que nos regresarnos a la casa”, relató Andrés, mientras su esposa María ante la falta de energía eléctrica, otro servicio inexistente en la colonia, calentaba rústicamente en el patio una olla con agua para preparar frijoles.

Del apoyo entregado por parte de las autoridades, reconoció que aun cuando recibieron dos despensas, éstas no fueron repartidas equitativamente, pues hubo personas que sin necesitarlas acapararon varias. “Cuando estos vecinos se enteraban que iban a entregar despensas iban y se formaban dos o tres veces para que les dieran más y eso provocó que a muchos no les tocara nada”.

Los rescatan con tractor

Media hora antes de que se inundara el pueblo, Karina Soto, de 22 años de edad, cargó a su pequeño hijo en brazos y acompañada de su esposo Sergio Santiago, se fueron a la casa de sus padres ubicada en el Ejido Papalote. Lo hicieron porque la lluvia no paraba y la mayoría de las viviendas en San Simón de Abajo comenzaban a sentir las inclemencias del clima.

Karina nació en Sinaloa de Leyva. Al igual que cientos de migrantes, sus padres llegaron hace 14 años a San Quintín y se emplearon en la pisca de tomate, actividad que realizaban en su estado natal. Todo ese tiempo vivió en el ejido Papalote, pero hace dos años cuando se casó, la joven madre cambió su domicilio a la casa familiar de su esposo, quien al igual que su suegro, trabaja en los campos agrícolas percibiendo un salario de 110 pesos diarios por una jornada de 10 horas.

El sueldo que recibe su esposo por cada jornada es menor a los dos salarios mínimos, que en Baja California es 57.46 pesos. Las cifras oficiales del Gobierno del Estado señalan que el 39.5 por ciento de la población en San Quintín  gana entre uno y dos salarios mínimos; 36 por ciento de dos a cinco salarios, mientras que el 47.7 por ciento no percibe algún tipo de prestación laboral.

El jueves 21 de enero, Karina vio muebles y ropa flotando por las calles del pueblo, bardas colapsarse. Al ver que la lluvia no paraba y que el viento era más fuerte, comenzó a preocuparse por sus suegros y cuñados. A mediodía el poblado estaba totalmente inundado. En algunas partes el agua alcanzó el metro de altura, por lo que la medida que adoptó César Julián, hermano de la muchacha y residente del Papalote, fue tomada como heroica. A bordo de un tractor prestado, el joven y un amigo comenzaron a sacar a los residentes de la zona que se quedaron atrapados en el lodazal.

Los militares que estaban estacionados a bordo de sus flamantes Hummers y camiones sobre la carretera del poblado sólo se les quedaban viendo sin tomar acción. De cuatro en cuatro, César Julián y su amigo sacaron a los vecinos de San Simón que se quedaron atrapados. “Los soldados no quisieron meterse por nadie. Fue mi hermano y su amigo los que ayudaron a salir a la gente porque todo se inundó. Vino por mi suegra y sus hijos, pero finalmente se quedó  hasta las 11 de la noche ayudando a todos los vecinos”.

San Simón de Abajo está localizado en la parte sur de San Quintín a menos de cinco minutos del Ejido Papalote, muy cerca de un arroyo. Son alrededor de cien familias las que viven en esa zona. La mayoría de las casas están hechas con madera, lámina, lonas y cartón y sólo muy pocas están construidas de concreto.

Hace 27 años, el pequeño poblado se encontraba a dos kilómetros de ahí, pero una lluvia que se registró en aquella época generó que sus pobladores fueran reubicados a una parte más alta, la cual se inundó casi tres décadas más tarde.

Según Karina tras las lluvias registradas en enero pasado, sólo en un par de ocasiones los han visitado las autoridades y fue para entregarles dos despensas. Una para ella y su familia y otra para sus suegros y cuñados.

También les dieron un bote con escoba, una lona y algunos galones con agua que les dijeron era para consumo humano, pero que en realidad estaba salada. De ahí en adelante no han recibido otros apoyos oficiales. Incluso señaló que hasta el momento desconocen en qué situación quedaron las casas tras la inundación.

“No se preocupan por decirnos el riesgo en el que estamos. Ya de perdida que nos dijeron que no vamos a pagar servicios o que vamos a tener un descuento en las tiendas. Ahí si nos llega el arroyo bien llegado otra vez, no tenemos ningún apoyo”.

Así es cada vez que llueve en San Quintín, familias enteras protegen sus pocas pertenencias con sacos de arena o láminas en el techo.

En algunos casos, como en San Simón de Abajo, las autoridades les brindan apoyos económicos de 570 pesos para que limpien los destrozos de las inundaciones, o en su defecto les entregan despensas que les calman el hambre por uno o dos días, pero no hay soluciones de fondo, lo que demuestra que la recurrente problemática no es parte de la política integral del Gobierno del Estado, dado a que no existe un verdadero plan sostenido que ayude a salir de la pobreza en la que viven a miles de trabajadores indígenas migrantes.