El
secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la canciller Patricia
Espinosa se reunieron en privado con integrantes de la comisión bicamaral de
Seguridad Nacional; ante ellos reconocieron que sí hay agentes estadunidenses
en México,
pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.
pero aseguraron que tienen funciones acotadas y su actuar no viola la soberanía nacional. Incluso el Cisen, afirman, “los monitorea”. Sin embargo, para el senador petista Ricardo Monreal la operación de esos extranjeros sí es violatoria de la Constitución y el asunto es tan grave que hace a Felipe Calderón “sujeto de juicio político”.
Diez días
después de que The New York Times revelara –en su edición del domingo 7– la
existencia de dos centros de espionaje donde agentes estadunidenses operan en
México sin autorización del Congreso, los secretarios de Gobernación, Francisco
Blake Mora, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, confirmaron en una
reunión a puerta cerrada con legisladores la presencia de aquellos funcionarios
extranjeros, pero consideraron que su número exacto y sus atribuciones precisas
constituyen “datos confidenciales”.
Incluso
el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo
Valdés, afirmó en esa reunión con senadores y diputados de la comisión
bicamaral de Seguridad Nacional que el gobierno mexicano realiza “labores de
contrainteligencia” para “monitorear las actividades” de esos agentes.
Felipe
González, senador panista y exgobernador de Aguascalientes, afirmó que según
los funcionarios mexicanos, las actividades de esos agentes consisten en lo
siguiente: “Se juntan (en una zona militar) para pasar toda la información y
cuando terminan, regresan a la embajada”.
El
senador experredista René Arce, integrante de esa comisión bicamaral, afirmó al
salir de la reunión privada que “no existe ninguna veracidad en las versiones
que se han dado a conocer en relación a que esos agentes realicen alguna otra
tarea que no sea la que expresamente tienen que ver con las cuestiones pactadas
en los tratados.
“En
principio, el número de agentes no se nos dio; sí se nos dijo que existen, por
supuesto, agentes de la CIA, del FBI, de la DEA e incluso de la ATF (Agencia
contra el Tráfico de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) y civiles
del Departamento de Estado”, abundó.
Ni
González ni Arce ni el senador priista Carlos Jiménez Macías consideraron que
el Ejecutivo haya violado la Constitución al no informarle al Senado de la
existencia de esos centros operativos.
Los
legisladores avalaron la versión de Blake Mora, quien afirmó en un comunicado
de prensa que la presencia de esos funcionarios extranjeros “se hace conforme
al marco constitucional y a los tratados internacionales debidamente suscritos
por el Estado mexicano, como la Convención de Palermo sobre Delincuencia
Organizada Trasnacional, entre otros”.
Los
funcionarios del Ejecutivo federal rechazaron ante los legisladores que existan
convenios o cartas de intención entre Barack Obama y Felipe Calderón, tal como
lo han divulgado distintos medios estadunidenses.
El
presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, también
descartó que se violara el marco constitucional y reiteró que “es necesaria una
colaboración entre los dos países –México y Estados Unidos– para poder ser más
eficaces en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico”.
El senador
del PT Ricardo Monreal afirmó que frente a estas revelaciones el Senado
reacciona tardíamente ante lo que él considera que “no sólo es una invasión a
la soberanía, sino prácticamente una ocupación al país”.
En
entrevista con Proceso, Monreal afirma que las violaciones a la Constitución
son tan claras que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, “es
sujeto de juicio político”.
“La
situación es tan grave que hay salida de tropas mexicanas al extranjero sin
autorización del Congreso, a pesar de que el artículo 76 de la Constitución, en
su fracción III, señala que es una función exclusiva del Senado autorizar la
salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas
extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas”, advierte el exgobernador de
Zacatecas.
El jueves
18, Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional,
reiteró que la presencia de agentes extranjeros en México no viola la Constitución
y no es exclusiva de la administración calderonista.
“Hay que
decir que la presencia de agentes estadunidenses no es exclusivamente durante
esta administración. Y que fundamentalmente las labores en las que están
participando tienen que ver con este intercambio de información y operación
técnica, precisamente, para fortalecer las distintas áreas de trabajo del
gobierno federal”, defendió Poiré en conferencia de prensa en Los Pinos.
“Violación
flagrante”
Monreal
advierte que esas “oficinas de fusión” constituyen en realidad un “minigabinete
de seguridad” en nuestro país que “necesariamente debió haberse decidido en la
Cámara de Senadores”.
En esas
oficinas opera personal de la Agencia de Inteligencia Militar, de la CIA, del
Departamento de Justicia con sus tres agencias: FBI, DEA y ATF; del
Departamento de Seguridad Interior con sus dos servicios: el de Inteligencia de
Guardia Costera y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio; y el
Departamento del Tesoro, con sus agentes de la Oficina de Inteligencia sobre
Terrorismo y de Asuntos Financieros.
“Lo
anterior constituye una clara y flagrante violación al artículo 89
constitucional; la presencia y operación en México de un minigabinete de
seguridad de Estados Unidos vulnera toda noción de soberanía estatal y hace
nugatorio el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y el ejercicio
legítimo del uso exclusivo de la fuerza pública por parte del Estado”,
argumenta el petista, crítico reiterado de la Iniciativa Mérida.
Además,
agrega, “en clara contravención a los principios de soberanía, Calderón ha
permitido que un Estado extranjero introduzca innumerables agentes en
territorio nacional sin garantía alguna de que no habrá interferencia en la
vida interna y en el libre desarrollo nacional”.
Proceso
(edición 1812) ya había divulgado los planes estadunidenses de incrementar el
número de agentes de la CIA y de la DEA en México; según aclara Monreal, esto
violaría el artículo 73, fracciones XIV, XXI, XXIII y XXIX-M, de la
Constitución, porque es facultad del Congreso expedir leyes en materia de
seguridad nacional.
También
el artículo 76, que establece como facultades exclusivas del Senado “analizar
la política exterior”, “aprobar los tratados internacionales y convenciones
diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba” y autorizar “el paso de tropas
extranjeras por territorio nacional”.
El
gobierno federal “alega que los agentes norteamericanos no tienen armas. No lo
sabemos. Por lo pronto ya reconocieron que sí están (aquí) representantes de la
DEA, de la CIA, del FBI y de otros organismos internacionales”, abunda Monreal.
“Hay
quienes nos dicen que somos trasnochados, de un nacionalismo inexistente o
caduco. Entonces, ¡cambiemos la Constitución!”, contrargumenta Monreal.
“Si bien
es cierto que el artículo 89 constitucional, fracción X, faculta al titular del
Ejecutivo federal para dirigir la política exterior, también lo es que lo
obliga a que la conducción de tal política observe los principios normativos de
la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica
de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en
las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, el respeto
y la promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales”, abunda el senador del PT.
Iniciativa
Mérida
–La
prensa estadunidense y los cables de WikiLeaks han confirmado operativos como
Rápido y furioso o sobrevuelos de aeronaves norteamericanas, y ahora la
presencia de estos “mini gabinetes”. ¿En los tres casos se viola la
Constitución? –se le pregunta.
–Los tres
son violatorios. Y en los tres casos no fuimos informados.
–¿Ni con
la Iniciativa Mérida?
–La Iniciativa
Mérida no es sino un instrumento de la injerencia de Estados Unidos. Nosotros
fuimos los únicos que votamos contra la Iniciativa Mérida. La metieron como un
acuerdo, no como un tratado internacional, y se nombró una comisión legislativa
palera, de seguimiento, que no informa, que se reúne en privado con la
secretaria de Relaciones Exteriores.
–En el
Senado hubo reuniones con el ex embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, y
con miembros del Congreso norteamericano. ¿Ellos han informado?
–Nosotros
hemos conocido documentos e informes confidenciales de lo que estaban tratando
los ejecutivos de Estados Unidos y México, primero por la embajada
norteamericana y luego por la vía directa del Congreso de Estados Unidos, antes
que por la vía del Ejecutivo mexicano.
“Por
ejemplo, cuando se estaba discutiendo el presupuesto asignado a la Iniciativa
Mérida nos dimos cuenta vía el Congreso norteamericano”, abundó.
Sobre el
mismo tema, Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, admitió también que
sobre la Iniciativa Mérida el Senado mexicano ha obtenido “suficiente
información con nuestros pares del Congreso de Estados Unidos, quienes nos han
dicho los alcances de la misma, los recursos comprometidos, como también lo que
nosotros creemos que debe ser una obligada colaboración en materia de
inteligencia e intercambio de información”.
Por su
parte, el senador y vocero de la bancada del PRI, Carlos Jiménez Macías,
reiteró que durante la reunión a puerta cerrada el pasado miércoles 17, los
funcionarios de Gobernación, Relaciones Exteriores y del Cisen insistieron en
que la Iniciativa Mérida no conducirá a un Plan Colombia.
“Nos
dijeron muy claro, creo que eso sí lo podemos comentar, que de ninguna manera
México va a aceptar –y ya se les dijo a ellos, a Estados Unidos– un acuerdo con
las características del Plan Colombia”, insistió Jiménez Macías.
