Por Salvador Castañeda O´connor.........
El
Constituyente de Querétaro, elevó a rango constitucional el derecho de
huelga de los trabajadores y con ello cambió el carácter del antiguo
Derecho Liberal, según el cual los contratos celebrados entre
particulares, para ser validos, deben expresar la libre voluntad de las
partes. En adelante los trabajadores podían obligar a los patrones,
mediante la suspensión de labores -que implica la huelga- a aceptar sus
condiciones en los contratos colectivos e individuales de trabajo.
La idea era proteger a la parte
más débil de la relación contractual, que son los trabajadores, que se
ven obligados por hambre, ya que no disponen de los medios e
instrumentos de la producción económica, a vender su fuerza de trabajo
al patrón en las condiciones que éste les imponga.
La
Revolución trasformó lo que era un delito contra la libertad de
comercio e industria en los tiempos de Porfirio Díaz, en un derecho
supremo de la clase trabajadora. Hoy, en el marco de los festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana, la coalición criminal de
funcionarios públicos que encabeza Felipe Calderón, ha decidido
revertir esa conquista histórica del proletariado para volver hacer de
la huelga un delito que se castiga con el desalojo violento de los
trabajadores de sus centros de trabajo, con el desempleo e inclusive
con la muerte.
Aun
no cierran las heridas de los electricistas ni cesan los efectos
perniciosos del golpe de Estado cometido en agravio del SME, de los
trabajadores y del pueblo, cuando el Segundo Tribunal Colegiado de
Circuito de la ciudad de México negó el amparo a los mineros de Cananea
-que mantienen por más de dos años una huelga en aquella histórica
mina- que promovieron en contra de un laudo de la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje, que dio por terminadas las relaciones
colectivas e individuales de trabajo entre Industrial Minera México,
propietaria de la mina, y los huelguistas.
El
paso siguiente será el desalojo violento de los mineros, la agresión,
los golpes, el encarcelamiento y la muerte de aquéllos por parte de la
fuerza pública que comanda esta coalición criminal de funcionarios.
Es
muy probable que la mayor parte de los 9 mil soldados que fueron a
Chihuahua a proteger a Calderón de las victimas de Ciudad Juárez, se
desplace a Cananea a reprimir a los mineros.
El
asesinato de trabajadores es la forma acostumbrada por aquella empresa,
a quien Salinas regaló las principales minas del país, para resolver
los conflictos laborales en que se ve involucrada, lo mismo que para
incrementar sus ganancias, al negarse a pagar los costos para mantener
las condiciones mínimas de seguridad e higiene de sus minas, como
sucedió en Pasta de Conchos.
A partir de Miguel Alemán el derecho de huelga ha venido siendo conculcado por el poder público con formas cada vez más audaces y cínicas.
A
pesar de que el artículo 123 constitucional sólo distingue entre
huelgas lícitas e ilícitas, las juntas de conciliación y arbitraje
acuden con frecuencia al expediente, declarando con cualquier pretexto
una huelga inexistente y ordenar a los huelguistas que regresen a sus
labores en un plazo de 24 horas, so pena de dar por terminadas las
relaciones laborales con el patrón, es decir de quedar despedidos sin
ninguna indemnización.
Cuando
por alguna razón no puede declararse inexistente una huelga, el
gobierno decreta la requisa de la empresa en cuestión, interviniéndola
y obligando a sus trabajadores a regresar a sus labores, en caso de que
el personal que proporciona el gobierno sea insuficiente. Aun cuando
formalmente se respete hasta su terminación el estado de huelga, como
lo he expresado en anteriores ocasiones, nadie puede interferir el
ejercicio de una huelga lícita sin riesgo de alterar el orden
constitucional.
Una
huelga donde no se suspenden las labores, no es huelga. Una huelga en
la que se obligue autoritariamente a los huelguistas a continuar
prestando sus servicios no es un derecho sino una pena, una sanción.
La
requisa se estableció mediante la Ley de Vías Generales de
Comunicación, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, para proteger a
nuestras empresas transportistas y de comunicaciones de posibles
sabotajes de agentes extranjeros o del enemigo, pero al término de la
guerra la requisa se siguió aplicando, ya no en contra de supuestos
provocadores nazis, sino en contra de los derechos de la clase obrera.
Durante
el gobierno de Miguel de la Madrid se puso fin a una huelga y se atentó
contra la vida de un sindicato independiente y combativo: el SUTIN,
decretando legislativamente la desaparición de la empresa del sector
público URAMEX.
En
el caso de la huelga de los mineros de Cananea, el gobierno no puede
decretar la desaparición de Minera México, porque se trata de una
empresa privada y principalmente porque Gómez Mont, Secretario de
Gobernación y otros miembros distinguidos de la coalición criminal de
funcionarios públicos, son socios de dicha empresa.
Todos
los intentos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por
decretar la inexistencia de la huelga de Cananea han sido anulados por
los amparos concedidos a los huelguistas por diversos jueces de
distrito que no son parte de la criminal coalición de funcionarios.
Tampoco
ha podido el gobierno federal decretar la requisa, porque en el caso se
trata de una empresa que no tiene que ver con la comunicación ni el
transporte.
Ante
semejantes dificultades, las autoridades del trabajo han acudido a una
monstruosidad jurídica que atenta no sólo contra la huelga de Cananea
sino contra todas las huelgas que en el futuro emplacen los
trabajadores del país: la tesis de que las huelgas y sus consecuencias
son “causas de fuerza mayor” que legalmente dan origen a la
terminación de las relaciones de trabajo, sin que los huelguistas
tengan siquiera el plazo que se les concede para reanudar sus labores
en el caso de la declaración de inexistencia.
Esta
es la triste historia de cómo un gánster, el Secretario del Trabajo, ha
abolido el derecho de huelga de los trabajadores y derogado una de las
partes más importantes del orden público que los mexicanos nos dimos
hace exactamente 100 años.
Desgraciadamente
se corroboran las palabras que dije al compañero Martin Esparza,
Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas, hace unos
días en Tepic:
“En
este país los golpes de Estado se producen cada 8 días, por esa razón
no basta con eliminar a los golpistas; hay que destruir al sistema
capitalista y enterrarlo boca abajo para que no se pueda salir, como
bien lo dice el Subcomandante Marcos”.
