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| Comparecencia del Srio. de Seg. Pub. En B.C. ante el
Congreso, ASISTENTES: Toda la nomina de Seguridad Publica y al centro, de camiseta naranja, Roberto Magallanes |
Por: Roberto Magallanes Cortéz.
Con motivo del primer informe de gobierno del C. Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, me permito compartir con Ustedes estas reflexiones, que en materia de Seguridad Pública, hago llegar por este conducto, a fin de dejar patente mi posición al respecto:
La Seguridad Pública, más bien LA INSEGURIDAD, se ha constituido en un problema que nos afecta a todos, encontrándose inmersa ya en un contexto de terror. No podemos negar que los niveles de inseguridad son enormes, desencadenando una crisis sin precedentes en nuestra querida Baja California.
La inseguridad, lamentablemente, se ha convertido en un problema con el que tenemos que lidiar día con día. Y no sólo por la delincuencia sino también por el estado de psicosis de las personas que se muestran a la defensiva ante el peligro y dispuestas a reaccionar de distintas maneras.
Durante este primer año de gobierno, los mandos gubernamentales han sostenido la explicación inverosímil de que el estallido de violencia delictiva en nuestra entidad indicaba que la estrategia oficial de combate a la criminalidad, va por buen camino; lo que a todas luces resulta falso.
Violencia en las calles, violencia en las primeras planas…Muchos atizadores del fuego y pocos, muy pocos, los bomberos.
A la angustia cotidiana padecida por miles de familias en nuestra entidad, por el encarecimiento de la vida y la creciente inseguridad, se suman la confusión y el temor generados por nuestras Autoridades, que en este breve periodo, se han convertido en meros “testigos” de una brutal y sangrienta escalada de violencia, nunca antes vista en la entidad, y en donde –incluso- el gobierno en su conjunto exhibe su susto ante la opinión pública, sin aplicarse en lo referente a la implementación de los programas de prevención del delito, combate a la corrupción y la impunidad.
La respuesta de la Autoridad investigadora de delitos, como una triste y penosa rutina, siempre es la misma: “la Delincuencia Organizada es la responsable”; “los gobiernos del pasado”, arguyen otros y en el más ruin de los casos, hay quien –incluso- trata de responsabilizar de ésta crisis de inseguridad a nosotros los ciudadanos.
Y en efecto, nosotros los ciudadanos SI hemos sido testigos de la estructuración de “cuasi mafias” al interior de un gobierno sectario y simulador que, en materia de combatir a la inseguridad , le apuesta a aplicar la política del olvido, haciendo fracasar, con dicha actitud todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los “funcionarios” que encabezan a dichos organismos, dejan de serlo y se convierten en verdaderos empleados de un Partido que se niega a reconocer la ineptitud, la incompetencia y hasta la perversidad de quien no acepta el reconocer la palabra FRACASO EN MATERIA DE SEGURIDAD.
Cabe mencionar que el flagelo de la delincuencia no se combate con frases huecas, clichés o spots (QUE NOS CUESTAN MUY CAROS POR CIERTO) que nos hablan de otra Baja California, habitada quizá por solo empleados del gobierno en turno, y en donde los ciudadanos no existimos o no sentimos nada.
No quisiéramos pensar que, valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, “el camino al futuro” vaya a llamarse restringir las libertades políticas; que “el compromiso que se cumpla” sea legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco; o bien que los diversos niveles de gobierno estén “construyendo juntos el progreso” de la posibilidad de calificar de traidor a la patria a quien no apoye sus posturas autoritarias.
Ante la impunidad, la incompetencia y la injusticia, cabe hacer un serio y enérgico llamado al Gobierno de Baja California, a fin de que reconsidere su SOBERBIA actitud, su insensibilidad e hipocresía en cuanto el sostenimiento de funcionarios que no han podido garantizar nuestra seguridad como bajacalifornianos, por lo que, la inmediata renuncia del Secretario de Seguridad Pública, como del Procurador General de Justicia en la entidad, entre otros, se constituiría en el parte aguas de una salida digna y decorosa por parte de miembros de un gabinete que amerita un mejor perfil en beneficio de la ciudadanía en su conjunto y no en el de unos cuantos.
De igual forma, resulta necesario el que la ciudadanía refrenda el compromiso de pugnar por una Reforma de Estado, que incluya la operatividad de las figuras de la Democracia Participativa, entre las que se encuentra el Plebiscito, el Referéndum y la tan necesaria (Y ANHELADA en este momento) Revocación del Mandato.
Cabe exigir del Gobierno del Estado de Baja California, que los planteamientos estratégicos anticrimen vuelvan a los cauces constitucionales, evitando con ello las dudas, “las leyendas urbanas”, la confusión y las mentiras, que solo desgastan e imposibilitan el preservar la paz y la tranquilidad social; lo anterior con el objeto de evitar que el escrutinio y la percepción de la mayoría de los ciudadanos sea tan cruel (como lo es actualmente) en cuanto al mínimo de seguridad requerido, las cuentas alegres en esta materia, en la creación de empleos, en la re-inauguración de obras “magnas” como la Carretera Mexicali-San Luis, o cosas por el estilo.
Por respeto a la denominada persona humana, digno sería el no seguir burlándose de la ciudadanía con tanta fanfarria y pirotecnia de corte mediático que afecta, de manera dolosa al tejido social bajacaliforniano.
Finalmente quiero concluir estas reflexiones, con estos oportunos y puntuales conceptos emitidos recientemente por el Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador:
“… La delincuencia y la convulsión social son producto de la injusticia y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Mientras en una sociedad hay oportunidades para todos, también hay tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, económicamente desposeída y sin esperanzas, es mayor la tentación de escapar de la amarga realidad mediante las drogas y la violencia.
Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas…”.
