Semanario Digital El Jornalero

Marcela Turati........ MÉXICO, D.F..- Al delegado de la Sedesol en el Estado de México, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, perteneciente a una de las familias panistas de abolengo, no sólo se le acusa de tolerar múltiples irregularidades con licitaciones y contratos de obra otorgados por la dependencia. También se le imputa un doble juego político que, con los programas sociales, favorece las aspiraciones de Peña Nieto.

Algunos afirman que, cuando en dos ocasiones ha estado a punto de ser removido, sendos derrames de aguas negras en la entidad lo han sacado a flote, aunque para otros la explicación es que cuenta con un poderoso padrino político.

Unos dicen que al panista Gustavo Arturo Vicencio Acevedo las aguas negras lo han salvado dos veces de perder su empleo y que ha “nadado de muertito” en su cargo como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Estado de México.

Otros dicen que goza de la protección de un poderoso padrino que ha sido como un pararrayos de posibles desgracias. Los señalamientos contra el delegado –quien es hijo del panista de cepa Astolfo Vicencio Tovar, consejero vitalicio del PAN– son múltiples: contratar a empresas insolventes para el programa Piso Firme y no denunciar penalmente a las que incumplen contratos, “arreglos” de licitaciones, rasuramiento de cheques destinados a las encargadas de las Estancias Infantiles y despido de subalternos por revanchismo político. Algunos de los ilícitos constan en oficios internos de la secretaría y en denuncias penales, o son señalamientos públicos de excolaboradores y declaraciones de los involucrados directos en varias de las irregularidades. Una muestra es el oficio interno de la Sedesol (folio 500-2733, fechado el 31 de agosto de 2009) que la entonces abogada general de la dependencia, Adriana Campos, envió al entonces secretario Ernesto Cordero y al subsecretario Luis Mejía, en el que documentaba los ilícitos cometidos por la delegación mexiquense en el programa Piso Firme 2008 y 2009, entre los que consignó licitaciones amañadas o inexistentes.

Una de las irregularidades encontradas en el manejo de los recursos en 2008 –según el oficio del cual Proceso tiene una copia– consiste en que la delegación no guardaba en sus archivos documentación de siete procedimientos de licitaciones que había otorgado. Tampoco había expedientes de licitaciones de 2009, y varios contratos –como los adjudicados a Diapmaco, Mexicana de Atlacomulco, S.A. de C.V., y a Coningar, Construcciones, S.A. de C.V.– se firmaron antes de quedar cerrados los concursos y de que hubiera una declaración sobre los ganadores de los mismos.

De la última firma ni siquiera quedó constancia de los “avances de obra” por los cuales le pagaron. El documento menciona que a Edificaciones ATCO, S.A. de C.V., se le consideró vencedora de una licitación en la que el concurso se declaró desierto, y que se le entregó un anticipo 2% mayor al establecido por la ley (200 mil pesos más).

Una semana después de que la abogada presentó los resultados de sus investigaciones, los municipios de Tlalnepantla y Atizapán se inundaron de aguas sucias por la rotura de un colector, y Vicencio salió al rescate de los damnificados. El 19 de noviembre de 2009, un empresario interpuso la primera denuncia penal en contra del funcionario que él designó como enlace en las obras de Piso Firme. Esta semana otro empresario interpondrá la segunda. Ambos ganaron obras en el municipio Villa Victoria y aseguran haber sido víctimas de la corrupción. La historia es así: En Villa Victoria la delegación contrató a Aridelco de México, S.A. de C.V. –una empresa con medio año de vida– para incrementar las viviendas de los más pobres, y le pagó 2 millones 800 mil pesos (el 30% del costo de la obra).

Los pisos no se construyeron y, según verificó la Unidad del Abogado General y la Transparencia de la Sedesol, la delegación no levantó denuncia penal a pesar del desfalco. La asignación de la obra le extrañó al propio dueño de la empresa, el arquitecto Pedro Antonio Delgado Aguilar, quien explicó a Proceso en entrevista: “Pienso que Aridelco no podía participar en el concurso (del piso) porque no tiene historial de experiencia y su capital social es de 100 mil pesos, mientras que las bases (de la licitación) dicen que debía tener un capital equivalente al monto de la obra, que era de 10 millones de pesos”.

La historia que refirió constituye un enredo de irregularidades: La señora Marcela Galván, relacionada con la empresa Meb Contratistas, ofreció a Delgado y a su socio 180 mil pesos para que le vendieran la empresa porque había arreglado con el jefe de finanzas de la Sedesol-Edomex, Marco Antonio García Sánchez, que otorgaría un contrato para Meb y otro para Aridelco.


Pero la Sedesol depositó el dinero destinado a la obra en la cuenta de Aridelco antes de que se celebrara la compraventa, y, cuando el arquitecto se enteró, el dinero otorgado a su empresa ya había sido gastado por Galván y su socio, y los pisos no fueron construidos.

El arquitecto Delgado se trasladó a las oficinas centrales de Sedesol para explicar las irregularidades y declararse inocente.

Sin embargo, allí le aseguraron que la delegación no había puesto ninguna denuncia en su contra. Esta semana, Delgado Aguilar demandará a la delegación mexiquense con el fin de protegerse. Para deshacer el entuerto, la delegación le asignó la misma obra (“sin licitación de por medio”, acota el documento de la abogada) a Origen, Constructores y Acarreo, firma que no dejó fianza por los 6 millones 195 mil pesos que le pagaron de adelanto, que incumplía todos los requisitos y que tampoco concluyó las obras.

Al respecto, el dueño de la empresa –un hombre que pidió el anonimato porque tiene otros contratos con el gobierno– externó que le fue imposible cumplir porque el funcionario García Sánchez, enlace entre contratistas y el delegado, además de pedirle la “mochada reglamentaria” de 3.5% del costo de la obra, le quitó 525 mil pesos más por “comisiones”.

Esto, declaró, lo llevó a la bancarrota. “Lo acusé con el delegado, y el delegado me dijo que iba a ver el asunto y nunca me volvió a recibir”, agregó el quejoso, quien presentó ante la PGR la denuncia 1515/2009 por los hechos. En ese momento fue informado de que había una denuncia penal previa en la Mesa 1 de Toluca contra funcionarios de la secretaría.

De ser comprobadas judicialmente las imputaciones, esta sería la segunda ocasión en que se documentaría que los funcionarios de una delegación de la Sedesol extorsionan a los contratistas del programa Piso Firme, además de que, en el presente caso, el secretario Cordero y el subsecretario Mejía sabiendo de los ilícitos, no los sancionaron.

A raíz de que, en septiembre de 2009, Proceso reveló la corrupción en la delegación de Guerrero, fueron removidos y se encuentran bajo investigación el entonces delegado Luz Antonio González Justo y su subdelegado, José Cruz Rétiz.

La evidencia documental revela que Cordero fue enterado de los ilícitos en Edomex cuatro meses antes de ser nombrado secretario de Hacienda, pero –“negligente”– heredó el problema a su sucesor, Heriberto Félix. La historia de Vicencio Vicencio Acevedo es delegado de la Sedesol en el Estado de México desde el sexenio de Vicente Fox. Su cargo se considera como uno de los premios otorgados durante la transición a las familias panistas de abolengo, como son los Vicencio, cofundadores del PAN en la entidad.

Otro Vicencio es delegado en Jalisco. Antes de entrar a la Sedesol, Vicencio Acevedo fue diputado federal por dos periodos y ocupó cargos en el PAN, por lo que conoce bien a Felipe Calderón, de quien gusta decir que es su amigo y protector. Un trabajador de oficinas centrales de la Sedesol señala que, desde 2008, dentro de la dependencia ya había quejas en contra de Vicencio, una de las cuales provino de la encargada nacional de Estancias Infantiles, Lía Limón, quien se quejó de su desempeño ante el secretario Cordero.

Dos amas de casa mexiquenses, dueñas de estancias infantiles afiliadas a la secretaría, dijeron a este semanario que la delegación retrasa de 15 a 21 días la entrega de los subsidios para la manutención de los niños, que a veces los cheques llegan ‘rasurados’ y que los funcionarios las tienen amenazadas de quitarles los permisos si denuncian las irregularidades.

“Algunas compañeras tienen la situación de que les llegan sus recibos de pago por los 30 niños que atienden, pero sólo reciben el pago por 25, y aunque te das a la tarea de preguntar a la delegación por qué los descontaron, no te explican ni te lo reembolsan, y tú terminas pagando.

En diciembre, en la delegación nos dijeron a qué lugar podíamos ir a comprar facturas falsas de los gastos que no pudimos comprobar. ¡Ellos mismos nos mandaron a hacer el ilícito!”, exclamó una entrevistada.

Los problemas mayores para Vicencio comenzaron el 3 de agosto de 2009, cuando despidió al coordinador de programas, el también panista Eric Alan Castillo Vargas, quien acusó al delegado de haberlo removido por pertenecer a una corriente partidista opuesta a la suya. Entonces comenzó una racha de protestas de adultos mayores, marchas de funcionarios y militantes de Acción Nacional en apoyo al despedido, y declaraciones de prensa de varios panistas.

La mayoría de los empleados del área de Adultos Mayores, simpatizantes de Castillo, fueron despedidos. En un escrito que entregó a Proceso, Castillo se quejó de la “ingratitud” que Vicencio manifiesta hacia los “trabajadores militantes que han mostrado compromiso” con el PAN, y lo acusó de haber apoyado en las elecciones de 2009 la campaña del PRD en el Valle de Chalco contratando brigadistas con fondos del Programa de Empleo Temporal. En cambio, una candidata a alcaldesa por el PAN durante las elecciones del año pasado relató que en una reunión de varios candidatos perdedores fue común el enojo hacia el delegado, quien, sospechan, operó para el PRI. “Dejó que las estructuras de desarrollo social de los municipios las ocuparan priistas; los dejó que usaran los programas; parecía que trabajaba en contra del PAN. Nunca pudimos entrevistarnos con él porque no nos recibió.

Quienes fuimos candidatos en Naucalpan, Nicolás Romero, Tlalnepantla y Ecaptepec coincidimos en que los programas se usaron para presionar el voto a favor del PRI, y el delegado no hizo nada para impedirlo”, aseguró la excandidata, quien pidió el anonimato.

Otro funcionario mexiquense vinculado al PAN expresó sobre él: “Pareciera que no está haciendo estructura para el gobierno federal; yo pensaría que la hace para Peña Nieto, porque Peña Nieto es el que cacarea los programas sociales de la Sedesol. No está claro su juego. Como que está haciendo doble juego para colocarse, pero es muy raro, porque no trabaja con nadie, no hace equipo con los otros delegados federales”.

Los allegados del delegado afirman que es el único panista mexiquense con la trayectoria, la honestidad y la visibilidad suficientes para competir por la gubernatura de la entidad en las elecciones de 2011.

Y otro excolaborador de los que ha despedido refiere que desde 2005 creó un grupo de funcionarios amigos, denominado Círculo Azul, que trabaja para construirle la candidatura. Sin embargo, a pesar de su linaje, no tiene la postulación asegurada.

Un empleado de las oficinas centrales cuenta que, el año pasado, en la secretaría tenían preparada la remoción del delegado, pero que “un político” la frenó, aunque no sabe si fue Calderón, el secretario Cordero, César Nava o Peña Nieto.

El funcionario que más sabía de sus movimientos y del cumplimiento de las metas de los programas sociales, Gerardo Iturbe, quien era el enlace entre las oficinas centrales y la delegación, fue removido aparentemente a petición del delegado. A principios de este año corrió otro fuerte rumor de que el delegado sería removido, pero, otra vez, se rompió el canal de aguas negras que inundó Chalco, Ecatepec y Neza, y Vicencio salió a flote.