Ensenada, B. C. - En el Valle de San Quintín, al sur de Baja California, en la zona agrícola que  comprende los poblados de San Quintín, Vicente Guerrero, Camalú y Colonet, alrededor de 40 mil jornaleros enfrentan un profundo rezago en materia laboral, afirmó Francisco Javier Sánchez Corona, ex procurador de Derechos Humanos en Baja California.

Señaló que muchos de los jornaleros, en su mayoría migrantes indígenas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Morelos, Guanajuato y Veracruz, carecen de seguridad social, prestaciones y vivienda digna, además de que son sometidos a largas jornadas de trabajo por una mísera paga.
A sólo unos minutos de Ensenada, en los ranchos donde se siembra pepino, fresa, repollo, calabaza, y flores, entre otros, es común escuchar la ausencia de prestaciones especificadas en la Ley Federal del Trabajo.
No sólo en los campos estadounidenses se explota a los paisanos y se les esconde de las autoridades para violar las leyes laborales, también sucede en el mismísio México con los mexicanos.

Magro jornal

Claudio, de 30 años, es un jornalero originario de Huajuapan, Oaxaca, y trabaja en el rancho Fiesta Farm, apenas a 20 minutos de la ciudad de Ensenada.

“Me pagan por desyerbar surcos, pero no recibo aguinaldo y tampoco tengo seguro social; cuando vienen los inspectores, nos esconden ahí atrás (a los que no tenemos seguro)”, platicó.
Copias de cheques en poder de Reforma revelan pagos a jornaleros en Eréndira, Ensenada, de 45 pesos al día o menos, cuando el salario mínimo para esta región es de 57 pesos diarios.
Dinora, de 30 años, es una excepción, dijo que en el rancho Las Ánimas, en Maneadero, por cada libra de chícharo que pizca le dan 2.20 pesos, en una buena semana le tocan 500 pesos, es decir, 83 pesos al día.

La renta que paga es de 500 pesos al mes y en ese mismo periodo le descuentan 30 centavos para entregarle su ahorro al final del año, es decir, 3.60 pesos.

“El trato no es muy bueno, la paga es diferente: si me va bien, saco como 400 o 500 pesos a la semana, pero la comida es cara, no tenemos aguinaldo; hay veces que sólo trabajamos para la comida y la renta del cuartito, que son 500 al mes”, mencionó.

Organizaciones no gubernamentales señalaron que el olvido en el que viven los jornaleros se agudiza debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene sólo dos inspectores para todo el municipio de Ensenada, y que la Secretaría del Trabajo sólo uno, por lo que no pueden recorrer todos los campos para supervisar las condiciones laborales.

Barrera del idioma

Esther Ramírez González, abogada y presidenta de la Organización Mujeres en Defensa de la Mujer, en San Quintín, afirmó que la falta de sensibilidad de las autoridades incluye que, en muchas ocasiones, jornaleros indígenas no pueden interponer una denuncia sobre sus condiciones laborales, porque no hablan español y los funcionarios no los entienden.

“Hay jornaleros que no hablan español, y si no los entienden, pues no hay denuncia”, acusó.
El abogado Jairo Ornelas coincidió con Ramírez Ornelas, en el sentido de que situación se complica si un jornalero desea poner una denuncia, porque no hay funcionarios en la Junta de Conciliación y Arbitraje que comprendan triqui, mixteco, zapoteco o mixe.

“Además no hay peritos especializados, por ejemplo en San Quintín hay dos personas en las que se apoyan como peritos, son los que el Juzgado llama, pero en su momento también se presta a que sean parciales”, añadió.

Ornelas representa a un grupo de seis jornaleros que interpusieron una denuncia contra el propietario del Rancho La Joya (ahora Rancho Twins), José Antonio Mendoza, por despido injustificado de 17 jornaleros en 1998.

Pedro Cruz Flores, uno de los denunciantes, subrayó que pese a que en el 2005 obtuvieron una sentencia a favor, han sido víctimas de abusos de las autoridades y del mismo empresario Mendoza, quien difundió entre los demás rancheros de la zona que no los contrataran.

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