Andrea Merlos y Juan Arvizu........Se dieron recursos en 2008 para aplicar en el
programa “Política de desarrollo sobre el cambio climático” y que fue
contratado por el gobierno de México, no hay evidencia de que se haya
destinado a ningún proyecto de inversión .......
La Auditoría Superior de la Federación (ASF)
no encontró ningún registro de que la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) haya aplicado el préstamo por 500
millones de dólares que el Banco Mundial otorgó para programas
diseñados contra el cambio climático.
Por ello, el máximo órgano fiscalizador en nuestro país solicitó a la
Secretaría de Hacienda la reintegración a las arcas públicas de esos
recursos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2008, se detectó que sobre el
préstamo concedido por el Banco Mundial para aplicar en el programa
“Política de desarrollo sobre el cambio climático” y que fue contratado
por el gobierno de México, no hay evidencia de que se haya destinado a
ningún proyecto de inversión.
De los cientos de auditorías que aplica la ASF para verificar el uso de
los recursos públicos federales, cumplimiento de metas y desempeño de
los programas sociales o económicos, se realizan sólo 62 a asuntos de
coyuntura.
La Auditoría revisó el 100% de los recursos contratados por el gobierno
federal con el Banco Mundial por 500 millones de dólares, equivalentes
a 6 mil 800 millones de pesos, que debieron ser aplicados en proyectos
de la Semarnat.
Cuando el Banco Mundial entregó el crédito, los diputados federales de
la pasada Legislatura lanzaron críticas a la conveniencia de éste y los
espacios para su aplicación, ya que el destino de los recursos
consignados en el contrato no se vinculaba con obras productivas.
La ASF concluyó que no hay documentos que comprueben en dónde quedaron
los recursos, tampoco hay informes sobre los resultados esperados y
mucho menos obtenidos.
“Los términos pactados en el contrato de préstamo no definen los
tiempos en los que se realizarían las reuniones para intercambiar
puntos de vista sobre los logros avanzados durante la realización del
programa, ni para elaborar los informes sobre su implementación,
situación que obstaculiza la programación y evaluación del cumplimiento
de los objetivos y las metas del programa y de las acciones pactadas en
el contrato”, detalla el órgano fiscalizador.
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