7.5 años de cárcel a funcionarios que atenten contra libertad de expresión
Reforma incompleta
No se federalizaron los crímenes contra periodistas. En la iniciativa aprobada el 2 de abril en la Cámara de Diputados, se adicionó a la Ley la definición de periodista, y se determinó un castigo para aquellos funcionarios que atenten contra la libertad de prensa. Pero lo que asociaciones de defensa de reporteros y comunicadores desean, es que sea la PGR la instancia que investigue los atentados a la prensa. Situación que no ha sido reconocida.
Francisco Sandoval Alarcón
A cuatro años de la desaparición forzada del reportero del periódico El Imparcial, Alfredo Jiménez Mota, los Diputados Federales aprobaron un dictamen para castigar hasta con 7.5 años de prisión a los servidores públicos que cometan conductas delictivas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra el ejercicio periodístico en el país.
Además, clasificaron al periodista como la persona que busca, recolecta, fotografía, investiga, sintetiza, redacta, jerarquiza, edita, divulga, publica o difunde informaciones, noticias, ideas u opiniones para el conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación.
La iniciativa aprobada el jueves 2 de abril, justo cuando se cumplieron cuatro años de la desaparición de Jiménez Mota, fue criticada por organizaciones internacionales como Artículo 19 y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), quienes la calificaron como incompleta y preliminar.
Darío Ramírez, director en México de Artículo 19, reconoció que aun cuando la iniciativa es relevante, no se están federalizando los delitos cometidos contra los periodistas, pues no se le dio facultades al Ministerio Público Federal para que investigue estos casos.
Los diputados sólo crearon el delito y establecieron el sujeto de lo que se debe entender por periodista, pero nunca modificaron darle facultades al Ministerio Público de la Federación para investigar o atraer las indagatorias.
Explicó: Sólo en los casos en los que haya conexidad federal, como la utilización de un arma exclusiva del Ejército para agredir a un comunicador, o donde se compruebe el involucramiento de la delincuencia organizada, la PGR podrá investigar. Pero en ese aspecto no hay modificaciones de ningún tipo, pues es algo que ya se venía haciendo.
Recordó que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen para reformar constitucionalmente el artículo 73 fracción XXI, que establece la facultad de atracción de las autoridades federales sobre los delitos contra la libertad de expresión, por lo que hizo un llamado a los legisladores para que aprueben esta segunda iniciativa.
Por su parte, Carlos Lauría, coordinador sénior del Programa de las Américas del CPJ, a través de un comunicado de prensa, consideró que lo aprobado el jueves 2 de abril en la Cámara de Diputados, es un paso alentador pero aún preliminar.
La ola sin precedentes de violencia en México inhibe el derecho fundamental de los mexicanos a expresarse libremente, motivo por el cual hizo un llamado a los líderes del Congreso para que sea la PGR la dependencia que investigue los crímenes contra periodistas
Mayores sanciones a funcionarios
Gerardo Priego Tapia, diputado Federal por el PAN y presidente de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Legisladores, consideró que si bien con la iniciativa aprobada se da un paso importante en el tema de libertad de expresión, reconoció que ésta no es ninguna panacea.
Sentimos que es un paso importante, que está dentro de la dirección correcta, porque nos hemos quejado mucho en la Comisión que los órganos mexicanos han mostrado insensibilidad e indiferencia ante el crecimiento de las agresiones a periodistas y medios de comunicación. En ese sentido, después de dos años y medio de trabajo, la Cámara de Diputados finalmente da señales de preocupación sobre el tema.
Muestra de esa insensibilidad, dijo, fue que en el 2008 lo grave no sólo fue que subió el número de agresiones contra periodistas, sino la indiferencia de los gobiernos de los tres órdenes para investigar los casos. Incluso, reconoció que las malas autoridades son las que mayor número de agresiones generan contra los periodistas.
Ofreció cifras: Cuatro de cada 10 agresiones, según la PGR , son generadas por autoridades y tres de cada 10 son generadas por la delincuencia.
Reconociendo entonces que los servidores públicos son los que más agreden a los periodistas, en la propuesta aprobada se sanciona con hasta 5 años de cárcel a todos aquellos que atenten contra la libertad de expresión y se lleva hasta una mitad más, 7.5 años, cuando se trata de funcionarios agresores.
El Diputado panista coincidió con el punto de las vista de las organizaciones que defienden la libertad de expresión.
Creo que hay algunas cosas que se deben de amarrar, como el hecho que el Ministerio Público de la Federación atraiga las investigaciones que se puedan generar por esta situación, pero esos pendientes los podemos empujar una vez que se impulse otra iniciativa que busque mejorar la libertad de expresión, como podría ser la de regular la publicidad del Estado, que tienen mucho que ver con este mismo tema.
En su último informe titulado Ataques a la prensa, el CPJ estableció que México es uno de los lugares más peligrosos para ejercer la actividad periodística en el mundo.
Establecen que del 2000 a la fecha, 25 periodistas mexicanos han muerto y en al menos ocho casos se visualiza que fue en represalia directa por su trabajo. Además, siete periodistas han desaparecido desde 2005, incluyendo el caso de Alfredo Jiménez Mota.
Según las investigaciones de la organización con sede en Nueva York, las autoridades locales y estatales mexicanas han sido ineficaces en su intento por resolver casos vinculados a la prensa
blog comments powered by Disqus
