TUXTLA GUTIÉRREZ,(apro).- Policías estatales desalojaron a un grupo de indígenas campesinos, entre hombres, mujeres y niños, que desde el lunes 4 sostenía un plantón frente a las puertas del palacio de gobierno, en reclamo de la libertad de 27 de sus compañeros presos en el penal de El Amate desde noviembre pasado.
El operativo fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rogelio Hernández de la Mata, pero los inconformes dijeron que el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Bustamante, fue quien asumió una posición más agresiva.
Los desalojados pertenecen a la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y eran alrededor de 40 hombres, 40 mujeres y unos 20 niños, todos ellos de la etnia tzotzil, originarios del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Al menos 23 de ellos, entre mujeres y hombres, llevaban a cabo una huelga de hambre para exigir así que el gobierno libere a sus esposos, hermanos, padres e hijos presos en el penal de El Amate, a unos 90 kilómetros al poniente de esta capital chiapaneca.
El coordinador de la Cocyp, Pedro López, denunció que este desalojo se dio de forma arbitraria, pues se dio a la par que estaban en una mesa de negociación con el secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, y con el subsecretario general de Gobierno, Antonio Gamboa López.
“Condenamos la política de represión del gobierno, pues ellos se contradicen, pues por un lado negocian y por otro reprimen”, dijo Pedro López.
Los indígenas de la Cocyp instalaron su plantón el lunes pasado para pedir al gobierno de Chiapas y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que liberen a 27 de sus compañeros presos, 19 de ellos policías municipales a quienes el gobierno ligó al crimen organizado.
“Todo esto es político, no hay tales delitos, eso lo prefabricaron ellos, nos quieren reprimir porque somos una organización que exige sus derechos y no firmamos el pacto de gobernabilidad para el sometimiento de las organizaciones sociales de Chiapas”, dijo Pedro López.
Los inconformes buscaron refugio junto a la catedral de San Marcos, aunque con ellos también fue desalojado un grupo de mujeres, hombres y niños, originarios del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo. Estos últimos exigen, desde el 8 de febrero, la libertad de, Amílcar Méndez Núñez.
Agrentina Gutiérrez Núñez es la mujer indígena que justo desde hace 60 días reclama que el gobierno de Chiapas libere a su esposo recluido en la cárcel de Playas de Catazajá, un municipio colindante con Tabasco.
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El operativo fue encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rogelio Hernández de la Mata, pero los inconformes dijeron que el subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Bustamante, fue quien asumió una posición más agresiva.
Los desalojados pertenecen a la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), y eran alrededor de 40 hombres, 40 mujeres y unos 20 niños, todos ellos de la etnia tzotzil, originarios del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
Al menos 23 de ellos, entre mujeres y hombres, llevaban a cabo una huelga de hambre para exigir así que el gobierno libere a sus esposos, hermanos, padres e hijos presos en el penal de El Amate, a unos 90 kilómetros al poniente de esta capital chiapaneca.
El coordinador de la Cocyp, Pedro López, denunció que este desalojo se dio de forma arbitraria, pues se dio a la par que estaban en una mesa de negociación con el secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, y con el subsecretario general de Gobierno, Antonio Gamboa López.
“Condenamos la política de represión del gobierno, pues ellos se contradicen, pues por un lado negocian y por otro reprimen”, dijo Pedro López.
Los indígenas de la Cocyp instalaron su plantón el lunes pasado para pedir al gobierno de Chiapas y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que liberen a 27 de sus compañeros presos, 19 de ellos policías municipales a quienes el gobierno ligó al crimen organizado.
“Todo esto es político, no hay tales delitos, eso lo prefabricaron ellos, nos quieren reprimir porque somos una organización que exige sus derechos y no firmamos el pacto de gobernabilidad para el sometimiento de las organizaciones sociales de Chiapas”, dijo Pedro López.
Los inconformes buscaron refugio junto a la catedral de San Marcos, aunque con ellos también fue desalojado un grupo de mujeres, hombres y niños, originarios del ejido Cintalapa, municipio de Ocosingo. Estos últimos exigen, desde el 8 de febrero, la libertad de, Amílcar Méndez Núñez.
Agrentina Gutiérrez Núñez es la mujer indígena que justo desde hace 60 días reclama que el gobierno de Chiapas libere a su esposo recluido en la cárcel de Playas de Catazajá, un municipio colindante con Tabasco.
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